Amarillo y rojo

Casi seis millones de euros. Esa es la partida presupuestaria determinada por el gobierno catalán y acordada entre DC, ERC y CUP para satisfacer las necesidades de realización referéndum previsto para noviembre y en el que se consultará al pueblo catalán sobre su futuro. Nunca mejor dicho. Y todo ello al tiempo que el mismo gobierno aprueba poner en marcha una cascada de tasas y nuevos impuestos para tapar la desbocada hemorragia que sufre el erario de esa comunidad.

Y es que cuando un administrador de las cosas de todos, un político,  fracasa en sus obligaciones (algo desgraciadamente usual en nuestros días) no hay nada como salirse por la tangente. Aunque ello signifique poner una navaja en el cuello de sus conciudadanos, o en la garganta propia.

La situación creada por el pulso entre el gobierno catalán y el gobierno central español (que no entre catalanes y españoles, si es que hay diferencia entre estos) es un ejemplo del fracaso de uno de los rasgos más escasos en nuestros tiempos, la capacidad de dialogar y acordar.

Hasta ahora nos habíamos acostumbrado al dialogo de besugos de la UE, en la que los gobernantes hablan y hablan sin llegar nunca a ninguna parte, mientras los pueblos se hunden en el fango del paro y la miseria para pagar las cenas de los que deberían resolver sus problemas y no lo hacen. Pero lo de Cataluña es un paso más, o tres si cabe.

El primero, romper las reglas y desobedecer la ley cuando a uno no le conviene, que eso pretende Arthur Mas y sus apostoles. El segundo hacer dejación de las responsabilidades inherentes al gobernante. Eso ha hecho Rajoy hasta ahora, oír con cara estoica, para luego decir “No, no y no”. Y se acabo la discusión. Luego, amenazas veladas sobre la expulsión de la UE, negociaciones en la trastienda de unos y otros para recabar apoyos y rechazos del “adversario”.

No estaría de más recordar como el gobierno republicano de Azaña afrontó el intento secesionista de Macia en 1931, y como recondujo la situación hasta convertir la independencia catalana en la autonomía del estatuto de Nuria, y sin violencia, y hablando cara a cara, no a través de la prensa. Como podríamos recordar la firmeza de Suárez en la época de Tarradellas, en la primera transición, o el manejo de González y Pujol en los años 80.

Y tercero dar ejemplo de incongruencia. El PP no quería el actual sistema de financiación autonómico, y ahora le defiende. Y CiU si le voto, y ahora le repudia. ¿O hay algo más?

Incapacidades aparte, hay muchas cosas más. La clase política catalana se encuentra desbordada por un caos financiero cuya hondura no acertamos muy bien a conocer. Una crisis que obligara, si Dios no lo remedia, a hacer trizas al estado del bienestar en esa comunidad. Y nadie se atreve a asumir responsabilidades. DC porque cuando el agujero se hizo gobernaba muchas diputaciones y alcaldías, y PSC, ERC e IU porque controlaban el gobierno regional, quemando dinero sin conocimiento. Resucitar ahora las viejas reivindicaciones nacionales, y agitar al viento un trapo de colores, ahora, cuando las cosas se ponen feas, parece la única salida, aunque sea imposible. Todos saben que Cataluña no podrá sobrevivir sin España y sin la UE, y que los costes de crear un nuevo estado y cargar con aranceles son inasumibles. Eso sin tener en cuenta que el artículo 4.2 del Tratado de la Unión hace imposible admitir un estado surgido de la escisión no deseada de un miembro. Eso sin contar con que el PP agitará a todos los gobiernos de la internacional conservadora contra Mas. Eso sin contar con que la UE no puede abrir la puerta a un separatismo en cadena que multiplique sus miembros y la convierta en una multitud de mini estados ingobernable.

Pero dicho todo eso hay algo que no debemos olvidar y que le debemos a Cataluña, y también al País Vasco. En su momento, tras la muerte de Franco y el fin de su dictadura, los padres de la patria crearon, a través de nuestra actual constitución, una estructura de estado provisional, pactada, tendente a aliviar las tensiones de aquel momento, pero reconozcámoslo, provisional.

El actual sistema autonómico que rige España no solo es financieramente inviable y, junto a grandes logros, un pozo de corrupción y dispendio, es además una estructura injusta. No tiene sentido, a la luz de la historia de nuestro país, que establezcamos, en pie de igualdad, la capacidad de autogobierno de Canarias (pese a su insularidad), la de Andalucía y la de Cataluña.

No tiene sentido que radicando uno de nuestros mayores conflictos históricos en la existencia de diversas identidades nacionales, no hayamos dado ya los pasos para crear un estado federal moderno y estable.

No tiene sentido que aceptemos el concierto económico en algunas comunidades (la vasca y la Navarra) y no en otras.

Y no tiene sentido que (menos Aznar que lo intento) admitamos que el sistema de financiación autonómica sea revisable de manera quinquenal y ahora que toca su reformulación (en 2013) nos rasguemos las vestiduras porque uno de los afectados pide que en esa revisión se tomen en cuenta sus intereses.

Quizá alguien debería ir al cárcel por llevar a la ruina a un pueblo, pero también quizá alguien debería recordar que gobernar es escuchar, y pactar y resolver problemas, no crearlos, y mucho menos taparlos.

Esperemos que Soraya, nuestra última esperanza, sea capaz de tender puentes.