Básico 12. Isabel II

En este básico vamos a estudiar el segundo tercio del siglo XIX, desarrollado bajo el reinado de Isabel II. En cursiva encontraras los contenidos exigidos en EBAU Cantabria, que hemos empleado para estructurar este contenido

El reinado de su Isabel II se divide en dos grandes periodos, las regencias y el reinado con mayoría de edad. Este se caracteriza por la implantación de un régimen liberal en donde se mantiene el dominio económico, social y político de la burguesía propietaria.

Políticamente, y hasta sus últimos años, es un régimen de bipartidismo representado por los progresistas y los moderados, dos partidos burgueses. Se mantendrá en estos años un sistema constitucional marcado por una insignificante participación debido al sufragio censitario, lo que facilitará el dominio del país por una élite apoyada en el ejército, cuyos líderes lo serán al mismo tiempo de los partidos.

En consecuencia los gobiernos acceden al poder gracias a la influencia del ejército (pretorianismo). Predominan las tendencias conservadoras y centralistas junto al desarrollo de un sistema capitalista e industrial.

La década moderada (1844-1854)

Tras los problemas que hemos visto en las regencias las cortes decidieron el adelanto de la mayoría de edad de Isabel II en 1843 bajo el control del poder a los liberales moderados, que lo ejercieron interrumpidamente durante 10 años.

El eje del eje de los nuevos gobiernos moderados (entre los que destaca el general Narváez) fue la Constitución de 1845. La ley suponía el rechazo de la soberanía nacional y su sustitución por la soberanía conjunta del rey y las Cortes; ampliación de los poderes del ejecutivo y disminución de las atribuciones de las Cortes (legislativo); exclusividad de la religión católica y compromiso de mantenimiento del culto y clero (ratificado con el Concordato con la Santa Sede de 1851).

Los moderados sometieron a Ayuntamientos y Diputaciones a la Administración central, que podia sustituir a los alcaldes a su antojo e intervenir sus cuentas; suprimieron la Milicia Nacional, restringieron el derecho a voto, que se remite a una ley electoral posterior, y Senado no electivo sino de nombramiento real entre personalidades relevantes y de su confianza.

Se mantenía gran parte del articulado de la Constitución de 1837, sobre todo en la declaración de derechos, pero se remitía su regulación a las leyes posteriores que fueron enormemente restrictivas con las libertades. Por último, confería enormes atribuciones a la Corona, ya que, además de la facultad de nombrar ministros y disolver las Cortes, le otorgaba la facultad de nombrar el Senado.

Estamos pues, y en conclusión, ante un periodo que consolida el sistema liberal, pero orientado hacia la protección de los intereses oligárquicos, mediante importantes limitaciones del ejercicio de los teóricos derechos, las practicas caciquiles y la intervención continua de los militares, defensores del poder de las dos grandes facciones liberales, moderados y progresistas.

El fin de este período se deberá a la llegada de una fuerte burguesía industrial y un incipiente proletariado que busca cambios políticos, el estallido de la segunda guerra carlista, las revoluciones del 48, la crisis económica de origen agrario y el intento de revolución de Bravo Murillo.

En un ambiente de protestas y revueltas, progresistas y moderados descontentos provocan en 1852 la dimisión de Bravo Murillo (un ministro de tendencias muy autoritarias) En 1854 el general O'Donnell lidera el pronunciamiento de Vicálvaro que derrota a las fuerzas leales al gobierno. El Manifiesto de Manzanares tras ello, que pedía la regeneración política del país, acabar con la corrupción, reforma electoral, nuevas elecciones, reducción de impuestos y libertades de prensa y expresión (apoyo del pueblo y los obreros). La reina tuvo que plegarse a los golpistas. Comenzaba así el bienio progresista.

El bienio progresista (1854-1856)

El nuevo gobierno crearía una nueva constitución sobre las bases de la de 1837. No se aprobó, aunque presentaba grandes novedades como derechos al ciudadano, tales como la libertad de expresión, libertad de imprenta y libertad de asociación política.

El periodo vivió el desarrollo del republicanismo, el obrerismo y la recuperación de instituciones del progresismo de los 20, como la ley de ayuntamientos o la Milicia Nacional. Pero lo más destacado seria la gran reforma económica iniciada, un paso gigantesco hacia el capitalismo y la industria.

La primera gran reforma seria llevada a cabo por el ministro progresista Pascual Madoz, necesitada como estaba España de liberar el mercado de tierras y obtener fondos. Se llamó “Ley de Desamortización General” o civil, pues esta desamortización (expropiación y venta pública de bienes raíces) afecto a los bienes del clero secular (a cambio el Estado se hacía cargo de los gastos de culto) y sobre todo de los municipios (bienes de propios, comunales y baldíos) e instituciones civiles. Hubo más diferencias con respecto a la primera (la de Mendizabal), pues no se admitieron en el pago títulos de deuda, el dinero se destino más a infraestructuras (ferrocarril) que a deuda nacional y la mayoría de los fondos serian gestionados por ayuntamientos, aunque estos perdieron mucho patrimonio.

Los efectos sociales fueron graves. La pérdida de tierras por la iglesia dejo sin empleo a muchos labriegos que usaban los propios de los ayuntamientos, que se desplazaron a la ciudad, engordando las filas del naciente proletariado, y empeorando sus condiciones de vida. Pero, como con Mendizábal, la ley no propició el reparto de tierras, sino que benefició a la burguesía capitalista, que consiguió grandes lotes de tierra y acaparó la mayoría de las tierras e inmuebles.

También cambió las formas agrícolas, ayudando a la extensión de cultivos extensivos comercializables (vid, olivo y los cítricos), más rentables al necesitar menos mano de obra.

Junto a ello, la reforma estrella del Bienio fue la Ley General de Ferrocarriles, que pretendía crear una red de transporte moderno en toda España. La ley pretendía crear las condiciones para generar demanda en otras industrias (metalúrgica y eléctrica, por ejemplo), crear empleo, atraer inversiones nacionales (y así evitar la evasión de capitales) y extranjeras y crear un mercado más unido que fomentase el comercio y la producción, al tener mejores transportes, su puesta en marcha seria uno de los detonantes de la desamortización, y de las leyes financieras que veremos después (Ley Bancaria de 1856, leyes de crédito y bolsa de 1856 y creación del Banco de España en ese mismo año).

España ya contaba con algunos kilómetros en Cuba y una línea en el tramo Barcelona-Mataró, ahora se pretendía generalizar el uso del medio.

El estado se comprometía a ayudar a las compañías en la construcción, mediante subvenciones a fondo perdido, garantías públicas de rentabilidad, reducción de aranceles para la importación de material y, oficiosamente, unas condiciones sociales óptimas (salarios bajos y una gran masa de obreros con escasos derechos).

Solo se favoreció una red radial más adecuada para la exportación - importación, que para la interrelación entre regiones, y un negocio inmenso de la industria y las compañías francesas e inglesas, sobre las cuales se creo una dependencia económica excesiva, tal como se vio después. Más que produciendo, muchas grandes fortunas se amasaron con la especulación en bolsa, amparada por una legislación permisiva y una corrupción escandalosa, de la que formaba parte la reina (accionista de algunas compañías inversoras y de ferrocarriles. Para rematar la faena se estableció un ancho de vía mayor que el habitual en el resto de Europa, con lo que las comunicaciones con otras economías se convirtieron en muy caros, al necesitar las mercancías y los pasajeros un trasbordo en la frontera.

En la construcción primo el obtener subvenciones y conectar los puertos con las minas y las áreas de producción agrícola, más que una racionalidad que hubiera exigido trazados y caracteres técnicos más adecuados a las necesidades reales del país, y el mercado quedó en un 75% en manos de compañías europeas (sobre todo francesas). Pese a ello algo se mejoraron las comunicaciones internas.

Complemento necesario de lo anterior sería la Ley de Banca y Sociedades de Crédito, que puso las bases del desarrollo del sector financiero en España, necesario para solventar el caos financiero del país y crear instrumentos para la inversión ferroviaria. La Ley de Banca establecía un riguroso control gubernamental sobre los bancos y regulaba el derecho de emisión de moneda, que se asignaba a un banco emisor por cada localidad. Se creaba el Banco de España para controlar el sistema y creaba un mercado financiero moderno, alimentado con la Ley de Sociedades de Crédito que facilitaba la entrada de capitales, la creación de sociedades anónimas y el desarrollo de bancos industriales y comerciales, favorecidos por las exenciones fiscales.

Como contrapunto social a esta situación, el gobierno pretendió una Ley del Trabajo, que reducía la jornada laboral de los niños, permitía asociaciones obreras de menos de 500 miembros (evitando así secciones de movimientos obreros internacionales o regionales, que tendrían mucha fuerza) y creaba para solucionar los conflictos colectivos jurados formados por patronos. La ley no alcanzaría el apoyo necesario, ante ala oposición obrera, republicana y demócrata.

En un clima de huelgas y crisis, el bienio caía, fruto del golpe de O´Donell, en 1856.

La etapa final del reinado (1856-1868)

Desde el golpe de O´Donell en 1856, derrotados los progresistas y perseguidos los demócratas, ningún obstáculo se oponía a las fuerzas más reaccionarias para desplazar las tímidas reformas del Bienio y volver a los principios del doctrinarismo. Las leyes del trabajo quedan suspendidas, se vuelve a la constitución conservadora de 1845, se paraliza la desamortización, se restablecen las relaciones con la Santa Sede, se publica una ley de prensa que amordaza los periódicos, se restablece los consumos y se reprimen duramente todas las protestas.

En los años siguientes se suceden (especialmente tras el inicio de la crisis económica en 1864) los levantamientos campesinos y obreros, que mezclan la frustración democrática y la insatisfacción por el hambre y la falta de tierras (sublevaciones de El Arahal y de Loja). Pero el movimiento obrero es poco maduro, la represión es muy dura, y parte de la burguesía calla por que son hasta 1864 años de bonanza económica, o se une en la Unión liberal ante el temor de la amenaza obrera que se vislumbra en Europa.

La atención del país por estos problemas se desvía mediante una política exterior expansionista (Marruecos), que no responde como en otras naciones de la época a las necesidad de conseguir mercados o fuentes de aprovisionamiento, dada la debilidad de la economía española, sino a prestigio internacional y crear un sentimiento nacional que distraiga al país de los graves problemas de falta de libertades y pobreza que existen.

Junto al caciquismo y el fraude electoral, otra característica del periodo es el desarrollo de los ferrocarriles, iniciados en el Bienio, y las facilidades al capital extranjero que significaron un auge de la actividad económica, extendida al textil y el comercio colonial catalán, y el inicio de la industrialización en el norte. Sin embargo, no se logró crear la base de una industria nacional, tanto por la primacía del capital extranjero en las minas y los ferrocarriles como por el sistema de privilegios políticos que precisaba tamaña inversión. Sirvió más bien para consolidar a la oligarquía (unas 500 familias) compuesta por latifundistas, banqueros, especuladores y, en parte, industriales cuya representación política desempeñaban esencialmente los abogados famosos y los generales con fortuna política, y cuyo poder se sustentaba en la falta devoto por la población y en los salarios de hambre que pagaban y que eran la base de sus ganancias, sin que el gobierno, creado para mantener sus intereses interviniese, y esa es la base d el descontento social del 68.

El resultado es la penosa situación de los trabajadores industriales y de los jornaleros y pequeños propietarios agrícolas. Aquéllos prosiguieron una lenta organización, ligada, en los sectores más avanzados, a los núcleos socializantes del partido demócrata, que progresaba al pairo de la ayuda e influencia internacional

A partir de 1860 la Unión Liberal comienza a desintegrarse con el abandono de grandes dirigentes como el ministro de hacienda Mon , o Prim.

Pero a partir de 1864 las cosas se tuercen. La crisis de la Guerra de Secesión Americana y la Guerra de Crimen, junto al crack de las bolsas europeas han herido de muerte a la débil economía española. El trigo sube de precio, los alimentos a veces escasean , la textil catalana ve peligrar su futuro ante el encarecimiento del algodón, y ante la crisis internacional el capital extranjero huye. Demasiado para una economía estructuralmente débil por la falta de unidad de mercado, la débil demanda interna, su atraso tecnológico y de transportes y la corrupción que la corroe.

La puntilla es la crisis del ferrocarril. Como explica Joseph Fontana su crisis respondía a múltiples razones. En primer lugar, el grado de desarrollo económico del país no permitía grandes esperanzas. La articulación del mercado interior era muy deficiente. Con poco tráfico el servicio de las compañías resultaba costoso. Este fracaso incidía sobre las deficiencias financieras de las compañías. El capital que se había empleado en su construcción, era gigantesco y se había obtenido mediante acciones, obligaciones y subvenciones del gobierno. El problema era que la gestión era ruinosa y el beneficio había estado en la construcción de la red. Se habían presentado unos presupuestos de construcción oficiales que luego no se cumplieron. Las líneas costaron mucho más, lo que permitió que los contratistas ganasen grandes fortunas. Las compañías, ante la imposibilidad de seguir emitiendo unas obligaciones de las que el público empezaba a desconfiar, tuvieron que negociar con algunos banqueros prestamos considerables que se les concedieron a intereses casi usurarios, y tras haberse asegurado con garantías personales de los administradores, lo que haría que sus intereses fuesen atendidos antes que los de obligacionistas y accionistas.

Esta creación de una deuda oculta e inconfesada era ilegal, pero el gobierno la tolero, y los poseedores de títulos de las compañías lo ignoraban. Así se daba el caso de que aunque los resultados económicos de las compañías eran malos, no lo eran tanto como para desatender a los obligacionistas cuyos intereses debían ser los primeros en pagarse, de acuerdo con la ley. La carga de los empréstitos ocultos, no confesados en los estados de cuentas de las compañías, devoraba todos sus posibles beneficios.

La consecuencia fue que los pésimos resultados económicos de las compañías y el incumplimiento de los compromisos que habían contraído con los inversores produjeron su descrédito, que se reflejo en el desplome de sus acciones en la bolsa, y la ruina de sus proveedores ( la mayoría de la industria española) y de los ahorradores particulares.

Junto a este desastre económico, se juntaban problemas políticos (voto y libertades) y sociales. Todo ello comenzó a ser catalizado por grupos de oposición al sistema (obreros y republicanos) e intelectuales como el Krausismo). El resultado fueron los graves acontecimientos de los últimos dos años del régimen: La matanza de la noche de San Daniel, la sublevación del cuartel de San Gil o la destitución de Cautelar de su cátedra en la Universidad central por su articulo d denuncia contra el régimen "El rasgo", en el que denunciaba la corrupción y los intereses de la reina.

El levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil termina con más de 60 fusilados. La sucesión de gobiernos unionistas y moderados resulta incapaz de realizar reformas, y la represión continúa siendo la única respuesta ante las críticas y aspiraciones políticas de los sectores no incluidos directamente en el gobierno. La contradicción del régimen oligárquico y conservador resulta irresoluble, y desde 1866 hasta la revolución hay un estado de excepción casi continuo.