La etapa final del reinado
(1856-1868): Alternancia de gobiernos moderados presididos por O’Donnell (Unión
Liberal) y Narváez. Creciente autoritarismo de los gobiernos, profunda crisis
económica. Mencionar la represión, “retraimiento”; unidad de la oposición en el
Pacto de Ostende y revolución de 1868: Fin del reinado.
Una nueva
revolución en 1854 lleva a los progresistas al poder y a la elaboración de la Constitución nunca
promulgada (nonata) de 1856 (soberanía nacional, amplia declaración de
derechos, tolerancia religiosa, Congreso y Senado electivos,..). Todo ello en
medio de un profundo cambio económico (ferrocarriles, segunda desamortización,
ley del trabajo), que afianzaría el capitalismo industrial. Sin embargo la
inestabilidad del nuevo régimen y la conflictividad social desarmaron la
coalición gubernamental y dejó el poder en manos del nuevo partido de centro, la Unión Liberal y de
la coalición de este partido con los moderados. Los diez últimos años de reinado
de Isabel II estuvieron de nuevo marcados por la reimplantación de la Constitución de 1845 la que se añadió un Acta Adicional que ampliaba las libertades.
Entre las
reformas administrativas más decisivas está la emprendida por Javier de Burgos
en 1833 que dividía España en 49 provincias a cuyo frente se colocó a un jefe
político (precedente del gobernador civil) de nombramiento real. Esta reforma
es la expresión del dominio de la administración central sobre el territorio y
será una de las bases de la centralización. Así tras varias reformas
municipales, la Ley
de Ayuntamientos de 1845 introducía el nombramiento por el gobierno de todos
los alcaldes entre aquellos concejales elegidos previamente por los vecinos de
cada municipio según un restrictivo sufragio censitario. De este modo, el
gobierno (que también podía sustituir fácilmente a los alcaldes según su
conveniencia) consiguió estrechar el control de la vida municipal con la
intención de evitar insurrecciones locales y manipular las elecciones a su
antojo.
Estamos
pues, y en conclusión, ante un periodo que consolida el sistema liberal, pero
orientado hacia la protección de los intereses oligárquicos, mediante
importantes limitaciones del ejercicio de los teóricos derechos, las practicas
caciquiles y la intervención continua de los militares, defensores del poder de
las dos grandes facciones liberales, moderados y progresistas.
El origen
de este movimiento arranca en el fracaso del Bienio. Desde el golpe de O´Donell
en 1856, derrotados los progresistas y perseguidos los demócratas, ningún
obstáculo se oponía a las fuerzas más reaccionarias para desplazar las tímidas
reformas del Bienio y volver a los principios del doctrinarismo. Las leyes del
trabajo quedan suspendidas, se vuelve a la constitución conservadora de 1845,
se paraliza la desamortización, se restablecen las relaciones con la Santa Sede , se publica
una ley de prensa que amordaza los periódicos, se restablece los consumos y se
reprimen duramente todas las protestas.
En los años
siguiente se suceden (especialmente tras el inicio de la crisis económica en
1864) los levantamientos campesinos y obreros , que mezclan la frustración
democrática y la insatisfacción por el hambre y la falta de tierras
(sublevaciones de El Arahal y de Loja). Pero el movimiento obrero es poco
maduro, la represión es muy dura, y parte de la burguesía calla por que son
hasta 1864 años de bonanza económica, o se une en la Unión liberal ante el temor
de la amenaza obrera que se vislumbra en Europa. La atención del país por estos
problemas se desvía mediante una política exterior expansionista (Marruecos),
que no responde como en otras naciones de la época a las necesidad de conseguir
mercados o fuentes de aprovisionamiento, dada la debilidad de la economía
española, sino a prestigio internacional y crear un sentimiento nacional que
distraiga al país de los graves problemas de falta de libertades y pobreza que
existen.
Junto al
caciquismo y el fraude electoral, otra característica del periodo es el
desarrollo de los ferrocarriles, iniciados en el Bienio, y las facilidades al
capital extranjero que significaron un auge de la actividad económica,
extendida al textil y el comercio colonial catalán, y el inicio de la
industrialización en el norte. Sin embargo, no se logró crear la base de una
industria nacional, tanto por la primacía del capital extranjero en las minas y
los ferrocarriles como por el sistema de privilegios políticos que precisaba
tamaña inversión. Sirvió más bien para consolidar a la oligarquía (unas 500
familias) compuesta por latifundistas, banqueros, especuladores y, en parte,
industriales cuya representación política desempeñaban esencialmente los
abogados famosos y los generales con fortuna política, y cuyo poder se
sustentaba en la falta devoto por la población y en los salarios de hambre que
pagaban y que eran la base de sus ganancias, sin que el gobierno, creado para
mantener sus intereses interviniese, y esa es la base d el descontento social
del 68.
El
resultado es la penosa situación de los trabajadores industriales y de los
jornaleros y pequeños propietarios agrícolas. Aquéllos prosiguieron una lenta
organización, ligada, en los sectores más avanzados, a los núcleos
socializantes del partido demócrata, que progresaba al pairo de la ayuda e
influencia internacional
A partir de
1860 la Unión Liberal
comienza a desintegrarse con el abandono de grandes dirigentes como el ministro
de hacienda Mon , o Prim.
Pero a
partir de 1864 las cosas se tuercen. La crisis de la Guerra de Secesión
Americana y la Guerra
de Crimen, junto al crack de las bolsas europeas han herido de muerte a la
débil economía española. El trigo sube de precio, los alimentos a veces
escasean , la textil catalana ve peligrar su futuro ante el encarecimiento del
algodón, y ante la crisis internacional el capital extranjero huye. Demasiado
para una economía estructuralmente débil por la falta de unidad de mercado, la
débil demanda interna, su atraso tecnológico y de transportes y la corrupción
que la corroe.
La puntilla
es la crisis del ferrocarril. Como explica Joseph Fontana su crisis respondía a
múltiples razones. En primer lugar, el grado de desarrollo económico del país
no permitía grandes esperanzas. La articulación del mercado interior era muy
deficiente. Con poco tráfico el servicio de las compañías resultaba costoso.
Este fracaso incidía sobre las deficiencias financieras de las compañías. El
capital que se había empleado en su construcción, era gigantesco y se había
obtenido mediante acciones, obligaciones y subvenciones del gobierno. El problema
era que la gestión era ruinosa y el beneficio había estado en la construcción
de la red. Se habían presentado unos presupuestos de construcción oficiales que
luego no se cumplieron. Las líneas costaron mucho más, lo que permitió que los
contratistas ganasen grandes fortunas. Las compañías, ante la imposibilidad de
seguir emitiendo unas obligaciones de las que el público empezaba a desconfiar,
tuvieron que negociar con algunos banqueros prestamos considerables que se les
concedieron a intereses casi usurarios, y tras haberse asegurado con garantías
personales de los administradores, lo que haría que sus intereses fuesen
atendidos antes que los de obligacionistas y accionistas.
Esta
creación de una deuda oculta e inconfesada era ilegal, pero el gobierno la
tolero, y los poseedores de títulos de las compañías lo ignoraban. Así se daba
el caso de que aunque los resultados económicos de las compañías eran malos, no
lo eran tanto como para desatender a los obligacionistas cuyos intereses debían
ser los primeros en pagarse, de acuerdo con la ley. La carga de los empréstitos
ocultos, no confesados en los estados de cuentas de las compañías, devoraba
todos sus posibles beneficios.
La
consecuencia fue que los pésimos resultados económicos de las compañías y el incumplimiento
de los compromisos que habían contraído con los inversores produjeron su
descrédito, que se reflejo en el desplome de sus acciones en la bolsa, y la
ruina de sus proveedores ( la mayoría de la industria española) y de los
ahorradores particulares.
Junto a
este desastre económico, se juntaban problemas políticos (voto y libertades) y
sociales. Todo ello comenzó a ser catalizado por grupos de oposición al sistema
(obreros y republicanos) e intelectuales como el Krausismo). El resultado
fueron los graves acontecimientos de los últimos dos años del régimen: La
matanza de la noche de San Daniel, la sublevación del cuartel de San Gil o la
destitución de Cautelar de su cátedra en la Universidad central
por su articulo d denuncia contra el régimen "El rasgo", en el que
denunciaba la corrupción y los intereses de la reina.
El
levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil termina con más de 60
fusilados. La sucesión de gobiernos unionistas y moderados resulta incapaz de
realizar reformas, y la represión continúa siendo la única respuesta ante las
críticas y aspiraciones políticas de los sectores no incluidos directamente en
el gobierno. La contradicción del régimen oligárquico y conservador resulta
irresoluble, y desde 1866 hasta la revolución hay un estado de excepción casi
continuo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario