lunes, 6 de noviembre de 2017

Tema 25. El final del reinado de Isabel II (1856-1868)



La etapa final del reinado (1856-1868): Alternancia de gobiernos moderados presididos por O’Donnell (Unión Liberal) y Narváez. Creciente autoritarismo de los gobiernos, profunda crisis económica. Mencionar la represión, “retraimiento”; unidad de la oposición en el Pacto de Ostende y revolución de 1868: Fin del reinado.



Una nueva revolución en 1854 lleva a los progresistas al poder y a la elaboración de la Constitución nunca promulgada (nonata) de 1856 (soberanía nacional, amplia declaración de derechos, tolerancia religiosa, Congreso y Senado electivos,..). Todo ello en medio de un profundo cambio económico (ferrocarriles, segunda desamortización, ley del trabajo), que afianzaría el capitalismo industrial. Sin embargo la inestabilidad del nuevo régimen y la conflictividad social desarmaron la coalición gubernamental y dejó el poder en manos del nuevo partido de centro, la Unión Liberal y de la coalición de este partido con los moderados. Los diez últimos años de reinado de Isabel II estuvieron de nuevo marcados por la reimplantación de la Constitución de 1845 la que se añadió un Acta Adicional que ampliaba las libertades.



Entre las reformas administrativas más decisivas está la emprendida por Javier de Burgos en 1833 que dividía España en 49 provincias a cuyo frente se colocó a un jefe político (precedente del gobernador civil) de nombramiento real. Esta reforma es la expresión del dominio de la administración central sobre el territorio y será una de las bases de la centralización. Así tras varias reformas municipales, la Ley de Ayuntamientos de 1845 introducía el nombramiento por el gobierno de todos los alcaldes entre aquellos concejales elegidos previamente por los vecinos de cada municipio según un restrictivo sufragio censitario. De este modo, el gobierno (que también podía sustituir fácilmente a los alcaldes según su conveniencia) consiguió estrechar el control de la vida municipal con la intención de evitar insurrecciones locales y manipular las elecciones a su antojo.
Estamos pues, y en conclusión, ante un periodo que consolida el sistema liberal, pero orientado hacia la protección de los intereses oligárquicos, mediante importantes limitaciones del ejercicio de los teóricos derechos, las practicas caciquiles y la intervención continua de los militares, defensores del poder de las dos grandes facciones liberales, moderados y progresistas.


El origen de este movimiento arranca en el fracaso del Bienio. Desde el golpe de O´Donell en 1856, derrotados los progresistas y perseguidos los demócratas, ningún obstáculo se oponía a las fuerzas más reaccionarias para desplazar las tímidas reformas del Bienio y volver a los principios del doctrinarismo. Las leyes del trabajo quedan suspendidas, se vuelve a la constitución conservadora de 1845, se paraliza la desamortización, se restablecen las relaciones con la Santa Sede, se publica una ley de prensa que amordaza los periódicos, se restablece los consumos y se reprimen duramente todas las protestas.
En los años siguiente se suceden (especialmente tras el inicio de la crisis económica en 1864) los levantamientos campesinos y obreros , que mezclan la frustración democrática y la insatisfacción por el hambre y la falta de tierras (sublevaciones de El Arahal y de Loja). Pero el movimiento obrero es poco maduro, la represión es muy dura, y parte de la burguesía calla por que son hasta 1864 años de bonanza económica, o se une en la Unión liberal ante el temor de la amenaza obrera que se vislumbra en Europa. La atención del país por estos problemas se desvía mediante una política exterior expansionista (Marruecos), que no responde como en otras naciones de la época a las necesidad de conseguir mercados o fuentes de aprovisionamiento, dada la debilidad de la economía española, sino a prestigio internacional y crear un sentimiento nacional que distraiga al país de los graves problemas de falta de libertades y pobreza que existen.
Junto al caciquismo y el fraude electoral, otra característica del periodo es el desarrollo de los ferrocarriles, iniciados en el Bienio, y las facilidades al capital extranjero que significaron un auge de la actividad económica, extendida al textil y el comercio colonial catalán, y el inicio de la industrialización en el norte. Sin embargo, no se logró crear la base de una industria nacional, tanto por la primacía del capital extranjero en las minas y los ferrocarriles como por el sistema de privilegios políticos que precisaba tamaña inversión. Sirvió más bien para consolidar a la oligarquía (unas 500 familias) compuesta por latifundistas, banqueros, especuladores y, en parte, industriales cuya representación política desempeñaban esencialmente los abogados famosos y los generales con fortuna política, y cuyo poder se sustentaba en la falta devoto por la población y en los salarios de hambre que pagaban y que eran la base de sus ganancias, sin que el gobierno, creado para mantener sus intereses interviniese, y esa es la base d el descontento social del 68.
El resultado es la penosa situación de los trabajadores industriales y de los jornaleros y pequeños propietarios agrícolas. Aquéllos prosiguieron una lenta organización, ligada, en los sectores más avanzados, a los núcleos socializantes del partido demócrata, que progresaba al pairo de la ayuda e influencia internacional
A partir de 1860 la Unión Liberal comienza a desintegrarse con el abandono de grandes dirigentes como el ministro de hacienda Mon , o Prim.

Pero a partir de 1864 las cosas se tuercen. La crisis de la Guerra de Secesión Americana y la Guerra de Crimen, junto al crack de las bolsas europeas han herido de muerte a la débil economía española. El trigo sube de precio, los alimentos a veces escasean , la textil catalana ve peligrar su futuro ante el encarecimiento del algodón, y ante la crisis internacional el capital extranjero huye. Demasiado para una economía estructuralmente débil por la falta de unidad de mercado, la débil demanda interna, su atraso tecnológico y de transportes y la corrupción que la corroe.
La puntilla es la crisis del ferrocarril. Como explica Joseph Fontana su crisis respondía a múltiples razones. En primer lugar, el grado de desarrollo económico del país no permitía grandes esperanzas. La articulación del mercado interior era muy deficiente. Con poco tráfico el servicio de las compañías resultaba costoso. Este fracaso incidía sobre las deficiencias financieras de las compañías. El capital que se había empleado en su construcción, era gigantesco y se había obtenido mediante acciones, obligaciones y subvenciones del gobierno. El problema era que la gestión era ruinosa y el beneficio había estado en la construcción de la red. Se habían presentado unos presupuestos de construcción oficiales que luego no se cumplieron. Las líneas costaron mucho más, lo que permitió que los contratistas ganasen grandes fortunas. Las compañías, ante la imposibilidad de seguir emitiendo unas obligaciones de las que el público empezaba a desconfiar, tuvieron que negociar con algunos banqueros prestamos considerables que se les concedieron a intereses casi usurarios, y tras haberse asegurado con garantías personales de los administradores, lo que haría que sus intereses fuesen atendidos antes que los de obligacionistas y accionistas.




Esta creación de una deuda oculta e inconfesada era ilegal, pero el gobierno la tolero, y los poseedores de títulos de las compañías lo ignoraban. Así se daba el caso de que aunque los resultados económicos de las compañías eran malos, no lo eran tanto como para desatender a los obligacionistas cuyos intereses debían ser los primeros en pagarse, de acuerdo con la ley. La carga de los empréstitos ocultos, no confesados en los estados de cuentas de las compañías, devoraba todos sus posibles beneficios.
La consecuencia fue que los pésimos resultados económicos de las compañías y el incumplimiento de los compromisos que habían contraído con los inversores produjeron su descrédito, que se reflejo en el desplome de sus acciones en la bolsa, y la ruina de sus proveedores ( la mayoría de la industria española) y de los ahorradores particulares.
Junto a este desastre económico, se juntaban problemas políticos (voto y libertades) y sociales. Todo ello comenzó a ser catalizado por grupos de oposición al sistema (obreros y republicanos) e intelectuales como el Krausismo). El resultado fueron los graves acontecimientos de los últimos dos años del régimen: La matanza de la noche de San Daniel, la sublevación del cuartel de San Gil o la destitución de Cautelar de su cátedra en la Universidad central por su articulo d denuncia contra el régimen "El rasgo", en el que denunciaba la corrupción y los intereses de la reina.

El levantamiento de los sargentos del cuartel de San Gil termina con más de 60 fusilados. La sucesión de gobiernos unionistas y moderados resulta incapaz de realizar reformas, y la represión continúa siendo la única respuesta ante las críticas y aspiraciones políticas de los sectores no incluidos directamente en el gobierno. La contradicción del régimen oligárquico y conservador resulta irresoluble, y desde 1866 hasta la revolución hay un estado de excepción casi continuo.

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