"Diferencia
las fuerzas de apoyo y oposición a la República en sus comienzos, y describe sus
razones y principales actuaciones."
1. Las elecciones municipales de
1931.
Las
elecciones municipales dieron lugar en la mayoría de España a la formación de
dos grandes bloques, el monárquico y el republicano-socialista. El primero
pretendía la continuación de la
Restauración en su forma tradicional, anterior a la
dictadura; la conjunción republicano-socialista aspiraba a un régimen
republicano, vista la imposibilidad de alcanzar la democracia bajo la monarquía
borbónica. En algunas nacionalidades, como Cataluña y País Vasco, la opción era
triple, por la existencia de partidos de ámbito específico de ellas.
El domingo
12 de abril tuvieron lugar las elecciones, con una participación notable y un
clima general de orden: el número de electos era favorable a la monarquía, pero
en casi todas las ciudades y poblaciones importantes la conjunción republicana
había obtenido una mayoría abrumadora. Y éstas eran las únicas
circunscripciones donde estaba asegurada la libertad electoral: la victoria
moral era de los republicanos. 41 de las 50 capitales de provincias habían
votado la república, así como las poblaciones inferiores de cierta importancia.
Las
elecciones con que se pretendía retomar a la monarquía de la Restauración habían
constituido un masivo plebiscito contra la monarquía, y todas las fuerzas
políticas, incluyendo el gobierno y las fuerzas armadas, lo reconocían así.
Berenguer envió la misma noche un telegrama a los jefes militares, recomendando
que respetaran la "suprema voluntad nacional". El general Sanjurjo se
negó a lanzar a la Guardia
Civil contra el pueblo.
Al día
siguiente se producen manifestaciones republicanas en Madrid, Barcelona,
Valencia y todas las grandes ciudades. El comité revolucionario publica una
nota exigiendo la entrega del poder, y Romanones, el ministro monárquico de
mayor prestigio, aconseja al rey que se marche para permitir unas elecciones
constituyentes. Sólo una minoría del ejército y del gobierno son partidarios de
resistir, sabiendo que esto puede significar el comienzo de una guerra civil.
El Rey acepta marchar y autoriza a Romanones la negociación con el comité
revolucionario.
El 14 de
abril comienza con una huelga general espontánea en todo el país. A las siete
de la mañana se proclama la república en Eibar. Unas horas más tarde Companys y
Macia proclaman en Barcelona la "república catalana", y poco después
la república se proclama en el resto del país. En todas partes las autoridades
monárquicas se desmoronan, y en muchas ciudades se produce una transmisión
pacífica del poder a las figuras más conocidas de la oposición republicana.
La
presencia del pueblo en la calle es ordenada, y adquiere incluso un carácter
festivo. El Rey abandona Madrid.
2. El gobierno provisional
El gobierno
provisional era bastante representativo de la oposición a la monarquía recién
caída: republicanos antiguos y nuevos, socialistas y regionalistas.
El
presidente, Alcalá Zamora y el ministro de Gobernación, Miguel Maura, eran
católicos conservadores y habían servido a la monarquía;
Alejandro
Lerroux y Martínez Barrio, eran los dirigentes del partido radical, de un republicanismo
histórico cada vez más conservador.
El PSOE
estaba representado por tres ministros: Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos
y Largo Caballero,
el líder de
la UGT. Nicolau
d'Olwer y Casares Quiroga eran regionalistas, catalán y gallego, respectivamente.
Marcelino
Domingo y Álvaro de Albornoz pertenecían al partido radical-socialista, que
como la Acción
Republicana de Azaña era un partido de clases medias,
ilustrado y anticlerical.
Fuera del
gobierno, en la oposición quedaban las clases dominantes que habían sido
representadas bajo la monarquía por los partidos tradicionales, resquebrajados
ya antes de la dictadura y desorientados por el cambio de régimen.
También
quedaban fuera los sectores populares dirigidos por los partidos que se
situaban a la izquierda del PSOE, especialmente los influidos por la CNT y el PCE.
También
formaban la oposición los movimientos extremistas de derecha como FE de las JONS
y Renovación Española, dirigida por Jose Calvo Sotelo.
El gobierno
provisional realizó su primera reunión en la noche del mismo 14, y de ella
salió una amnistía general y el estatuto jurídico del gobierno provisional. Por
él sometía el gobierno todas sus decisiones a la sanción de las futuras Cortes
constituyentes, proclamaba las libertades políticas y sindicales y establecía
la exigencia de responsabilidades al régimen caído.
Desde los
primeros momentos el gobierno provisional adaptó decisiones importantes para hacer
frente a los problemas más graves, muchos heredados de la larga crisis de la
monarquía, otros surgidos o multiplicados por el cambio de régimen.
3. Las primeras medidas. Los
primeros problemas
3.1. La
cuestión nacionalista
La primera
cuestión fue planteada por la decisión catalana de proclamar la república en el
marco de un Estado federal. El gobierno pidió la colaboración catalana para
impedir una ruptura separatista. El nombramiento de Companys como gobernador de
Barcelona garantizaba la transición. El acuerdo fue ratificado el 21 de abril
con el viaje del presidente, Alcalá Zamora, y el apoyo entusiásta del pueblo
catalán a él y a Maciá.
3.2- El
problema militar
Otros
decretos del gobierno iniciaron reformas políticas y sociales que parecían
inaplazables. Azaña emprendió a finales de abril la reforma del ejército,
mayoritariamente monárquico. Sus disposiciones perseguían una doble finalidad:
asegurar la lealtad a la república de todos los cuadros militares y sustituir
la vieja organización por otra más racional y efectiva. Para conseguir lo
primero exigió a todos sus miembros un juramento de lealtad, o el retiro
conservando la graduación y el sueldo que poseían. Para lo segundo, redujo el
número de divisiones a la mitad y cerró la Academia Militar
de Zaragoza. Además suprimió las capitanías generales y el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
3.3-
Reformas laborales y sociales
Largo
Caballero, desde el Ministerio de Trabajo, se apresuró a mejorar la situación
del campesinado, especialmente en las zonas latifundistas. En varios decretos
de los primeros meses impidió la expulsión de arrendatarios por no pagar las
rentas, prohibió la contratación de campesinos de otros términos municipales
hasta que no estuvieran empleados todos los del propio, y extendió a los
trabajadores del campo la protección contra accidentes que ya existía en la
industria; también estableció para todos los sectores laborales los jurados
mixtos y las ocho horas de jornada laboral.
Otro de los
problemas que debió encarar inmediatamente el gobierno fue la situación
económica: no solamente se encontró con las consecuencias de la crisis mundial
de 1929, sino que sufrió el boicot de la banca y las finanzas.
3.4- La
cuestión religiosa
Pero los
problemas más graves vinieron de la actitud de la Iglesia , que actuó desde
el principio en defensa de la monarquía caída, capitalizando el malestar del
ejército, el disgusto de las clases dominantes y la incapacidad de los antiguos
monárquicos, a cuya reorganización prestó los primeros impulsos; La Santa Sede comenzó por
retrasar el reconocimiento del nuevo régimen. La mayoría de los obispos, y
particularmente el cardenal primado, Pedro Segura, mostraron inmediatamente su
oposición a los nuevos gobernantes.
El disgusto
de los prelados provenía tanto de las medidas y anuncios del gobierno
(supresión de la enseñanza obligatoria de la religión, separación de Iglesia y
Estado, programa de construcción de miles de escuelas públicas, etc.), como de
sus vínculos con el monarca anterior, al que todos debían su nombramiento como
obispos. Con alguna excepción, como la del catalán Vidal i Barraquer, la
mayoría de los obispos compartían esta posición y se habían negado incluso a
entrevistarse con los nuevos gobernantes.
El
estallido de esta tensión mostró la relación tradicional de Iglesia y
monarquía. En mayo los monárquicos, que inauguraban un nuevo círculo en Madrid,
provocaron las iras de los transeúntes al salir a la calle dando vivas al Rey.
Corrió la voz de que habían asesinado a un taxista que se les enfrentó, y la
ira de la muchedumbre se dirigió contra el edificio de ABC. Allí hubo nuevos
heridos y dos muertos. El gobierno negó autorización a Maura, ministro de
Gobernación, para que utilizara a la Guardia Civil contra los manifestantes. Al día
siguiente estaban convocadas huelgas de protesta por algunas organizaciones
minoritarias, y a las diez de la mañana un grupo, cuya significación política
aún está por aclarar, prendió fuego a un convento de los jesuitas. A éste
siguieron otros seis en Madrid, de los 170 que había, ante la indiferencia de la Guardia Civil y de
la muchedumbre, que sólo se ocupaba de poner a salvo a sus ocupantes.
En la tarde
del mismo día y al día siguiente ardieron también iglesias y conventos en
varias ciudades de Andalucía. El gobierno utilizó entonces a la Guardia Civil y
decretó el estado de sitio en todo el país. La calma se restableció
inmediatamente. La quema de conventos fue utilizada por la derecha para
desprestigiar a la república, a pesar de la condena inmediata de los hechos que
hicieron los socialistas y los republicanos.
Con todo, y
como veremos en el siguiente básico, la gran reforma y el gran reto será la
constitución de 1931.
4. La evolución de la republica y
las tensiones sociales y políticas
La
proclamación de la República
había hecho nacer en las masas populares esperanzas de mejora social
cualitativa: el proletariado campesino esperaba la realización de su aspiración
secular: la tierra para quien la trabaja.
El
proletariado industrial confiaba, si no en el final de la explotación, sí al
menos en su reducción y en el inicio de efectivas transformaciones sociales.
Una gran parte de las masas anarquistas confiaban en la desaparición del
egoísmo y del poder del sistema capitalista. Pero, evidentemente, la república
no podía significar, al menos a corto plazo, nada de esto.
Desde los
primeros días los partidos obreros reflejaban la tensión entre sus objetivos
últimos, largamente reprimidos, y las posibilidades concretas de actuación
inmediata. Socialistas y anarquistas darían una dirección opuesta a este
conflicto: los primeros apoyando la república se arriesgaban a sufrir un
desprestigio entre las masas menos politizadas, y asumieron el riesgo
consecuentemente. Los segundos buscaron la creación de una situación
revolucionaria rebasando la legalidad republicana y poniendo de manifiesto sus
limitaciones.
Desde un
punto de vista ético ambas posiciones implicaban ventajas e inconvenientes.
Desde un punto de vista político, la debilitación de la república era el
fortalecimiento de las clases dominantes bajo la monarquía.
Estas dos
grandes tendencias obreras realizaron sus congresos al principio del verano de
1931. Los socialistas optaron por apoyar la república, lo que significaba
participar en el gobierno en aquella coyuntura, esforzarse por elaborar una
Constitución lo más democrática posible, e intercalar en la tarea constituyente
la aprobación de las leyes más necesarias para mejorar la condición de las
clases populares. Por esta línea, que resultó vencedora, encontró la oposición,
y sobre todo, las reticencias de una parte importante del partido, encabezada
por Besteiro, y apoyada en la práctica posterior por una parte de los militantes
de UGT y los sindicatos agrarios.
El congreso
de la CNT mantuvo
durante algún tiempo la dirección posibilista (Pestaña, Peiró. ..), que sin
apoyar la república la consideraba como el régimen menos malo posible y
propugnaba orientarla hacia los intereses populares. La agudización de las
luchas en los meses siguientes significaría su desplazamiento por el sector
"faísta" (Durruti, Ascaso, García Oliver...) empeñado en el ataque
continuo a la legalidad republicana para crear una situación revolucionaria 22.
En esta
dirección se desencadena en los primeros días de julio la huelga de la Telefónica , que fracasa
en toda España salvo en Sevilla y Barcelona. La CNT , que dirige la huelga, llama en su apoyo a
una huelga general, enfrentándose abiertamente no sólo con el gobierno sino
también con la UGT. La
muerte de un obrero en los primeros choques significa efectivamente la protesta
general en Sevilla. El gobierno declara el estado de guerra, y unos soldados
que conducían detenidos aplican la "ley de fugas" asesinando a cuatro
trabajadores. El conflicto termina desordenadamente. con un balance aterrador:
30 muertos y 200 heridos.
Poco
después la CNT
lanza la huelga del transporte en el puerto de Barcelona, con el objetivo
fundamental de desplazar a la
UGT. Mayor importancia adquirió la huelga, a principios de
agosto, de los metalúrgicos catalanes, que se combina con otras acciones como
el motín en la cárcel Modelo, dándose un nuevo caso de "ley de
fugas".
En el
campo, se producen diversas ocupaciones de tierras en pueblos de Toledo,
Córdoba y Salamanca, durante los meses de agosto y septiembre, con
participación en este caso de socialistas.
En todos
estos conflictos es difícil distinguir globalmente la parte que corresponde a
una voluntad de crear dificultades al nuevo régimen y la parte en que responden
a necesidades sociales esenciales. En todo caso dos cosas son evidentes: las
clases propietarias y buena parte de las autoridades intermedias actúan con
tanta dureza como durante la monarquía, y entre ellas comienza a cundir el
pánico no tanto por las conquistas efectivas que consiguen los trabajadores o
impone el gobierno en sus primeros decretos sociales, como por el temor a lo
que pueda representar en el futuro un régimen donde no se sienten representados
y que genera semejante oleada reivindicativa.
La cuestión
social, la religiosa y la de las nacionalidades serán los ejes que articulan la
organización política de las distintas clases en lucha. En torno a ellos la
derecha rehará los instrumentos políticos que había perdido con la monarquía,
el gobierno intentará consolidar, con muy diversa fortuna, el régimen
republicano y la clase obrera avanzará, con tácticas contrapuestas, en la
consecución de sus aspiraciones más necesarias.
Junto a
ello crecerá la oposición de jefes y oficiales del ejército, ante las reformas
de Azaña; de empresarios, propietarios agrícolas y de parte de la jerarquía
eclesiástica, debido también a la expulsión del cardenal Segura por su
actuación antirrepublicana, por la ley de libertad de cultos y de conciencia y por
la quema de conventos. La defensa de la religión enfrentó a las clases
propietarias contra el régimen.
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