Volcada en
la actividad fabril desde principios del siglo XX, Torrelavega se convirtió
durante ese siglo en el principal foco industrial de Cantabria y uno de los más
importantes del norte de España. Fábricas químicas (como Solvay, Sniace, ASPLA
o Firestone), talleres y fundiciones, minas y empresa auxiliares acumularon un
impacto terrible sobre el medio ambiente de la comarca, al tiempo que las
poblaciones cercanas a las fábricas crecían sin medidas que acompañaran el
creciente impacto humano, hasta convertir los ríos locales (la cuenca
Saja-Besaya) en un estercolero.
En un país
en que durante décadas ha sido más productivo pagar multas (en caso de
haberlas) por contaminar, que asumir medidas para solventar el problema no
sería hasta comienzos del siglo XXI cuando las autoridades regionales tomaran
conciencia de la grave situación ambiental y tomaran medidas “integrales”.
En 2001, el
consejero del PP José Luís Gil presentaba un amplio programa de recuperación
medioambiental para la cuenca del Saja-Besaya que incluía una estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) en las marismas de Cortiguera (también
llamada Vuelta Ostrera). El EDAR depuraría las aguas residuales de unos 370.000
habitantes y casi un centenar de industrias y explotaciones ganaderas,
convirtiéndose, con sus 24 millones de presupuesto, en el motor del ambicioso
Plan Saja-Besaya, dotado de 145 millones de euros de inversión, y que incluía
la construcción de 82
kilómetros de colectores, 12 estaciones de bombeo y un
emisario submarino que enviaría los vertidos depurados a varios kilómetros de
la costa.
A mitad del
plan, los caprichos de la política hicieron que el nuevo consejero de Medio
ambiente surgido de las elecciones de 2004, el independiente propuesto por el
PSOE José Ortega Valcarcel, pusiera en cuestión todo el plan, tachándole de
“poco transparente, clientela en sus planteamientos e improvisado”, entre otras
lindezas. Para el nuevo gobierno de regionalistas y socialistas el plan
resultaba una hipoteca política y económica que el nuevo gobierno no estaba
dispuesto a asumir, dado que la conserjería adolecía de una “grave escasez de
recursos materiales y humanos y de una gran falta de estímulo y motivación de
su plantilla”.
Aunque el
nuevo consejero mostró en aquel momento su intención de poner en marcha un
proyecto alternativo basado en un “nuevo programa hidrológico integral, un plan territorial del paisaje, así como
planes de residuos, desarrollo ambiental sostenible, educación y documentación
ambiental y una revisión de la recién aprobada Ley de Saneamiento y
Depuración”, lo cierto es que el gobierno, más allá de sus buenas ideas y el
prejuicio a las de los contrarios, se encontró en aquel 2004 con problemas muy
graves encima de la mesa que pronto se vio, no sabía como resolver.
De un lado,
el centro de todas las acciones, el EDAR de Vuelta Ostrera estaba terminado,
con su factura de 24 millones de euros encima de la mesa así como la exigencia
de saneamiento de los ayuntamientos. De otro, grupos ecologistas (como ARCA) y
varias asociaciones ciudadanas proseguían con éxito su carrera judicial contra
la depuradora.
Por encima
de su necesidad, el anterior gobierno había cometido un grave error, levantarla
en dominio público litoral, ocupando 87.450 metros cuadrados
del estuario del río Besaya, cuando en la zona había diversas alternativas
“legales”, en un radio inferior a los tres kilómetros.
Era el año
2004, y en medio de acusaciones políticas cruzadas y mucha falta de diálogo, la
estación estaba terminada, pero la sentencia del Supremo era clara, había que
derribar el edificio y restituir el paisaje.
Estas son
las seis ubicaciones que se barajan para reconstruir la depuradora que mantiene
viva
Desde
entonces pocas nuevas ideas para salvar la cuenca del río se han visto. La
depuradora funciona con éxito (manteniendo las aguas del río y de la costa como
nunca se habían visto) y las autoridades han agotado todas las vías legales
para impedir el derribo, sin éxito. 14 años en los que la ecologista ARCA ha
llevado a cabo numerosas medidas legales contra la estación y las autoridades,
obteniendo no solo el apoyo judicial, si no, incluso, el del gobierno de la
nación, en ambos casos con un mensaje claro, hay que tirar la depuradora y levantar
una nueva.
Llegados a
este punto puede parecer que 14 años son bastantes para llegar a un acuerdo,
levantar una nueva depuradora y hacer lo posible para que las aguas de la zona
no recuperen el típico color “chocolate con tropiezos” que tenían antes de
2004.
Esta
semana, el ministerio de fomento sacaba a licitación el derribo del EDAR y la
recuperación ambiental de la marisma de Cortiguera por 360.000 euros, lo que
convierte en inminentes las tareas de derribo sin que exista alternativa. Más
aun, sin que exista suelo disponible posible, por una razón que un medio
digital describía muy gráficamente hace unos días con la frase “nadie quiere la
mierda”, entendido como que ningún municipio de la zona (y lo han manifestado
todos de manera categórica) quiera las tuberías, las zonas de bombeo, los lodos
y los demás incordios de la planta.
Siete son
las alternativas propuestas por Fomento, sin que hasta el momento se vislumbre
un atisbo de consenso. Tan solo una cosa parece clara, todos quieren repetir la
idea, pero en casa del (ayuntamiento) vecino: juntar toda la porquería,
depurarla en un gran edificio y soltarla al mar lo más lejos posible de la
costa.
Desde Equo
y Podemos se ha venido defendiendo la viabilidad de una vieja zona industrial
la llamada Isla de Solvay o Isla Monti. Para David Barredo, portavoz de Podemos
en la comarca el problema no es solo de ubicación si no de cómo quiere
afrontarse el problema. La
Isla Monti ”, una antigua cantera en mitad del río, explotada
por la empresa química Solvay hasta 2006 debería albergar una planta de una
tecnología diferente, la fitodepuración, por ser más sostenible
medioambientalmente, barata y con experiencia en otras zonas de Cantabria.
Además es preciso un sistema de separación, en el tratamiento, de las aguar
residuales, los vertidos industriales y las aguas pluviales.
Para el
político, levantar el nuevo EDAR en otro punto cercano afectaría a las marismas
de Cuchia. Ese emplazamiento obligaría a la construcción de un emisario de tres
kilómetros que afectaría a la
Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA) de la Isla Conejera , en la
que se encuentran importantes colonias de aves como el Paiño Europeo y el
Cormorán Moñudo.
Los
ecologistas parecen compartir esta opinión, defendiendo esa nueva ubicación
“por tener suelos degradados formados por residuos industriales, que deben ser
retirados; por ser un lugar alejado de los núcleos vecinales, con una cuenca
visual reducida; por ser una zona cercana a la actual EDAR y para rentabilizar
las infraestructuras existentes, estando a poco más de1 km de la A-67 , evitando molestias con
el trasiego de camiones para la construcción y la retirada de lodos, como
ocurrirá en otras alternativas. Además la zona tiene una “Huella de Carbono”
baja en la fase de explotación. No tiene afección a acuíferos y con una
reducida superficie de servidumbre de colectores”, nos explicaba desde
Ecologistas en Acción.
Pero el
tiempo sigue jugando en contra. La isla Monti fue un erial en la época
industrial, pero en estos ocho años la naturaleza la ha vuelto a colonizar,
llenándola de aves acuáticas, insectos y anfibios que viven en los humedales
que han creado los acuíferos y la labor de recuperación ambiental emprendida
por la química como obliga la ley, y que quedaría perdida con la obra.
El juego
político y judicial parece que seguirá durante mucho tiempo, la falta de
escucha a los entendidos también y el riesgo de deterioro de la ría y de muerte
del ecosistema más.
Imagen
Sergio García
Infografía Mario González
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